Acabo de leer el Decreto 349 que seguramente fue el primero del presidente cubano Díaz-Canel, lo firmó el 20 de abril, día de su cumpleaños y veinticuatro horas después de haber asumido ese cargo por designación del todavía jefe del partido comunista, el único de la isla y que rige los destinos del país. Pudo haber sido un peor estreno, pero nunca las connotaciones pudieron ser peores para un presidente que empieza, aunque sea para ejecutar lo que otros han diseñado. De todas maneras cualquier polémica que comprometa a los máximos dirigentes y sus decisiones tiene una cobertura marginal dentro del país y moderada por ese gran tribunal que se llama Mesa Redonda, así que los efectos en la opinión pública son residuales. No obstante unos meses más tarde gran parte de la comunidad intelectual y artística dentro y fuera de Cuba ha contestado el decreto Canel, permítaseme la licencia de llamarlo así, incluso el rechazo ha sido público por algunos de aquellos que tradicionalmente han justificado el derrape de la Revolución. El decreto de Canel es lo único que se conoce relevante del señor Presidente, además de las encendidas y maniqueas soflamas que se pueden ver en internet y que recuerdan a los dirigentes de provincias.

El decreto Chanel es una monstruosidad porque convierte a las entidades culturales en policías cuando ya la policía estaba dentro de ellas, y eso lo hace primero que todo redundante, contraviniendo, ya que hablamos de contravenciones, la propia naturaleza y esencia de la cultura artística y literaria y de lo que deberían ser las instituciones. Después de las represiones que hemos vivido, masivas e individuales, diacrónicas y sincrónicas, se podría pensar que el contexto actual no era apropiado para una metedura de pata tan grande y visible mientras intentan dar otra imagen moderna y moderada que garantice una relación más fluida con el exterior, y menos con la complicidad de instituciones como la UNEAC, el Ministerio de Cultura y la Asociación de Jóvenes Creadores, que tuvieron otras vergonzosas complicidades en el pasado pero también, internamente, entre bambalinas, dicho sea de paso, han actuado como un eslabón perdido, atemperando en muchas ocasiones la voracidad del poder político contra el movimiento cultural. Generalmente las instituciones dependen de una burocracia que determina la calidad con que realiza sus funciones. El Ministerio y las instituciones culturales son parte de ese deterioro generalizado que sufre el país, física y moralmente, a la cola en estos momentos en índices de desarrollo que servían de cortafuegos a las críticas. Lo que el Ministerio de Cultura le ha puesto a Canel a su firma es una victoria de esa nueva burocracia, corresponsable de tamaña estupidez, que hace mérito sin estímulo ni ideales, incapaz de asumir otro papel diferente que la discriminación del movimiento artístico y literario que vive en Cuba. Es una idea diabólica, contra natura, que legaliza e institucionaliza el celo paternalista del pensamiento oficial, además de estrechar el cerco sobre la libertad creadora y la distribución de sus obras, limitando el consumo de las obras artísticas a lo que el Decreto permite. El hecho de que se haya decidido dar atribuciones y poderes al Ministerio de Cultura sobre contenidos que no son artísticos como la pornografía es un disparate mayúsculo, y lo convierte también en censor social. Veamos, brevemente, lo más significativo del Decreto, si bien no es únicamente lo discutible:

Sobre el Capítulo II De las contravenciones.

El Artículo 2.1 Está dedicado a controlar aún más todavía si se puede las relaciones de mercado y el uso de los medios de las estructuras institucionales, pero bajo dicha cobertura de justificaciones limita y reduce las actividades artísticas, sin decir cuáles, a la de empleados, por consiguiente penaliza y restringe la libertad artística. Así no solo se actúa contra los creadores y su libertad, también contra el sector de los servicios liberalizados que los obliga al control de la actividad y a pasar por caja reduciendo la libre contratación.

Véase los incisos siguientes dedicados a tipificar la contravención de servicios y al contraventor:

1. b) el que realice o permita el pago a un artista o colectivo artístico, sin que dichos servicios hayan sido contratados a la institución cultural a que corresponda la prestación de estos;
2. c) el que como artista individual o actuando en representación del colectivo a que pertenece, brinde servicios artísticos sin la autorización de la entidad que corresponda;
3. e) el que preste servicios artísticos sin estar autorizado para ejercer labores artísticas en un cargo u ocupación artística

—Las contravenciones que se ocupan de los contenidos son estas:

Artículo 3.1 Se considera contravención cuando una persona natural o jurídica en la utilización de los medios audiovisuales muestre en ellos contenidos con:

1. a) uso de los símbolos patrios que contravengan la legislación vigente;
2. b) pornografía;
3. c) violencia;
4. d) lenguaje sexista, vulgar y obsceno;
5. e) discriminación por el color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana;
6. f) que atente contra el desarrollo de la niñez y la adolescencia, y
7. g) cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural.

—Y en el Artículo 4.1, llama la atención la única disposición relacionada directamente con los libros, será contraventor quien

1. f) comercialice libros con contenidos lesivos a los valores éticos y culturales

Otra decisión que llama la atención de la inmadurez del Decreto firmado por el presidente cubano, es la creación de una autoridad nueva denominada Supervisor o Inspector que, según dice el texto su función será la de determinar las posibles contravenciones y suspender “el espectáculo o la proyección”. Acorde con el texto, además de ver nacer la figura del nuevo censor que no parece tener atribuciones para el inciso (f) relacionado con la venta de libros, podemos suponer que los cubanos, expertos en inventar problemas sin soluciones, acaban de inventarse uno más como los de Catana que parió cuando ya no éramos pocos. No será difícil medir los niveles de ruido de las representaciones artísticas que también se penalizan en el Decreto, pero no me gustaría estar en el pellejo de ese Supervisor que se ganará los frijoles midiendo los contenidos, determinando o no su naturaleza, finalidad, realización artística y el destinatario para saber si es una contravención de los contenidos. La mediocridad de la burocracia actual es alarmante y parece no saber a lo que se enfrenta. Voy a hacerme un par de preguntas para aclararme la “puesta en escena” del Decreto: ¿Dónde están los límites y cuál es la medida que ayude al censor para no errar de forma deliberada o no, sin incurrir el mismo, por ejemplo, en un posible delito como abuso de poder o prevaricación? ¿Esa utilización de los medios audiovisuales que muestre los contenidos prohibidos se refiere solo a exhibición o también a producción? Todos los incisos destinados a la censura de contenidos pueden ser discrepados sobre la base de estas dos preguntas que deberían responder sobre la naturaleza del contenido, la finalidad, la realización y el público. Me gustaría extenderme en la importancia de estos tres factores aunque son verdades de Perogrullo, ninguna obra podría ser clasificada en estos incisos sin determinar los mismos. Por ejemplo, dónde está la medida de la violencia, ¿en Platoon, Apocalypse Now, de Coppola; o en Toro Salvaje (Raging Bull), Gangs of New York, de Scorsese; o en las marionetas de La Guerra de las Galaxias, de Spielberg? Yo no sé si cierta puesta de El Público de Lorca conllevará a que algún desaprensivo se masturbe con la obra, pero imagino las demandas de apelación y el dinero ilegal para comprar la voluntad de los censores como sucede ahora con las pequeñas empresas que son ahogadas a golpe de impuestos y restricciones. Que el censor sea el Ministerio de Cultura da risa y vergüenza ajena.

La crisis de ideas y de la moral que ha derivado en ramplonería nacional a causa de la exclusión del pensamiento y la discrepancia del proceso de transformación de la Revolución en un Socialismo pragmático organizado en torno y para una oligarquía política, ha conducido a una perversión como esta. Este decretazo es parte del proceso de desideologización crítica de la sociedad que interesa para llevar a cabo los cambios que a mediano plazo puedan conducir al desarrollo de la paradoja china a la cubana: un país con una oligarquía política poderosa y fiel a la idea de un partido, dos economías y dos países en uno que incluye a la emigración económica. Ha empezado la desactivación de los pocos resquicios que quedaban de lo que en los 80 pudo lograr el movimiento intelectual y artístico y que se fue transformando en grietas con la pérdida de poder real de Fidel y el lento y vergonzante trámite de liberalización económica que se ha hecho a remolque de los acontecimientos y con preciosos años de retraso “bolivariano”. El principio de la política cultural, debatida, interpretada, manipulada según el interlocutor, en que se convirtió la frase, dentro de la Revolución todo, contra, nada, y que más tarde se interpretó como se puede tocar la cadena, pero no al mono, ha devenido en una férrea normativa legal que penaliza lo que antes formaba parte de la lucha ideológica y política vinculada con los contextos. Esa relación dialógica podía dar lugar a un espacio, es cierto que tímido, de discusión, experimentación y libertad creativa que el propio movimiento cultural y las autoridades menos ortodoxas habían aprendido a soportar como de convivencia unas veces más productiva que otras. De hecho, los peores momentos de esa lucha ideológica que encubría la lucha por el poder en los 60, fue posible porque si bien existían figuras jurídicas represivas y propias de un estado policiaco como la “propaganda enemiga”, hubo un margen de la creación donde se podían hacer apostillas. Ahí están las obras producto de esa dinámica, del mismo modo que hay un exilio que lo sufrió de otro modo más doloroso. Parte de las consecuencias colaterales fueron los cadáveres de la represión, da igual que unos fueran por motivos políticos, ideológicos o por no atenerse a la norma y la ética de la pureza revolucionaria. Todos fueron víctimas del poder que ha terminado devorando a sus propios hijos nacidos, educados y formados dentro de la Revolución.

Que los hijos de la Revolución como los jóvenes que vimos protestar a las puertas del Ministerio de Cultura tengan que enfrentar un Decreto que quiere medir la moralidad de sus ciudadanos y restringir su libertad por intereses mezquinos de la nueva clase oligárquica disfrazados de patriotismo, es el peor de los fracasos de la Revolución que expone bajo el peso de la punta de su iceberg, como una tumba, este decreto esencialmente represivo. No es una espada contra la vieja pequeña burguesía que adoptó el ropaje de los barbudos por conveniencia o convencimiento, ni contra los contemporáneos de la Revolución que llegaron más viejos o más jóvenes a ella y luego han dejado de sentirse identificados con el proyecto, sino contra sus hijos naturales de la Revolución y el futuro. El Ministerio de Cultura que debía ser un organismo para evaluar la calidad de las obras, la maestría de sus artistas y la promoción de las mismas en los diferentes niveles de consumo, acorde con una política menos ideologizada, ha dado un paso más que cuestiona su razón de ser, sobre todo si la razón de ser en manos de la mediocridad es convertirse en el represor. En la época en que trabajé en ese organismo a las órdenes del ministro Armando Hart, el papel del Ministerio era otro: servir de contrapeso al aparato represor e ideológico. Fue la política de Hart, no la de la “Revolución”, la que permitió que se abrieran las grietas en el muro que facilitó la exposición controversial de obras de teatro, pictóricas y literarias en contra del criterio de casi todos los jefes de organismos del país y, sobre todo, del todopoderoso aparato ideológico dirigido en aquella época por el omnipresente Carlos Aldana. Es cierto que no pudimos hacer más a partir de un momento muy específico y por razones que no es lugar para analizar, pero nunca estuvo en los planes de Hart convertir a las instituciones en brazo de la represión. Los casos en que luchamos contra ese poder invisible son muchos y sus beneficiarios lo ignoran, además, incluso podíamos sentir la solidaridad en determinados estamentos de poder, también vinculados a la función represiva del estado, por nuestro criterio de respetar al creador por encima de cualquier contingencia o poder. Hay momentos de la historia en que la libertad tiene más admiradores de lo que parece, también otras en que hay quienes se esfuerzan en parecer más represores que otros. Canel parece de estos últimos aunque él no es el único responsable, veremos si tanto peso de un cuerpo tan grande como es el de la cultura cubana es capaz de ser sostenido sobre algo tan débil como este Decreto.

Puede verse en: http://www.lajiribilla.cu/uploads/article/2018/847/Decreto-349.pdf