La organillera en el Rastro, foto de León de la Hoz

Poco a poco la actual ejecutiva de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) y la cúpula que urdió la trama corrupta que desató el escándalo de las vacaciones españolas van perdiendo los adeptos, que casi siempre son los mismos que defienden cualquier causa oficialista. Aquellos que han tenido beneficios o pensaban tenerlo o creen en todo cuanto emana del poder sobre todo si se corresponde con nuestra ideología. Por fin alguien ha reivindicado un papel diferente para la entidad a partir de una regeneración. Hoy los hermanos Almodóvar han puesto otro análisis en la mesa y puntos de vista que no son sólo los gremiales, interesándose por un cambio también de la apreciación que tiene el ciudadano de la entidad. No se dice hasta dónde y se supone que debe emanar de un debate interno.

La corrupción en esta entidad privada y sin ánimo de lucro, aunque sí vinculada a la política de gobierno de Zapatero, es posiblemente lo último que le faltaba a este Ejecutivo para afirmarse en la peor de las legislaturas de la democracia española actual. No se ha dicho o no le he leído, pero la apuesta que hizo el Ministerio de Cultura desde el mandato de la ministra Carmen Calvo por la nueva ley de propiedad intelectual en estrecha relación con la SGAE es el primer gran lobby que la sociedad española ha podido ver amplificado en el prensa. Lo que parecía un matrimonio de conveniencia por la causa de los derechos de los creadores, fundamentalmente con la justificación de salvar al cine español, se convirtió en un boomerang contra los receptores o consumidores de ese legado, que fueron convertidos en potenciales delincuentes con la controvertida ley del canon.

No es gratuita la impopularidad de la sociedad que se ocupa de defender los derechos de los artistas, algo legítimo y necesario. Esa defensa se ha basado en la criminalización de la sociedad o de todos aquellos que de alguna manera o mediante cualquier soporte consumimos música y cine, sobre todo, o supuestamente lo hacemos. La presunción de inocencia tan socorrida incluso por quienes no juzgan, sino que simplemente opinan, es un recurso que ni la SGAE ni el Ministerio de Cultura tuvo en cuenta para la elaboración de la ley. Yo confieso que no veo cine español actual, sino a directores españoles, porque los guiones en general son horribles. El gobierno de Zapatero antes de pagar el apoyo de los cineastas a su campaña, dándole a la SGAE cuanto quería, debió haber tenido en cuenta también a quienes consumimos la creación de aquellos a los que defendía. Eso es lo ahora parece inferirse de las sugerencias de los Almodóvar. Tal vez me equivoque.

No obstante lo más importante que debieran tener en cuenta los políticos y los creadores es que cualquier ley o entidad que se ocupe de la defensa de los derechos de propiedad, forzosamente ha de tener en cuenta la realidad tecnológica y los adelantos científicos de la era digital. No puede hacerse una defensa de los derechos en el siglo XXI con el instrumental analítico del XIX. Hay que adaptar el concepto a la realidad y no al revés. El crimen de la SGAE no es haber funcionado con una democracia sospechosa, ni habernos demonizado como consumidores a favor de unos pocos artistas, ni siquiera haber robado como supuestamente hicieron sus dirigentes. El crimen es haberlo hecho usándonos como víctimas. Nuestra escala de valores soporta el robo y el latrocinio siempre que no sea a nuestros bolsillos. Mirad a vuestro alrededor y os daréis cuenta.

No sé si la organillera que pasea la ciudad recordándonos con su pobreza algo genuino de la música española a punto de desaparecer, pagará el impuesto de la SGAE por derecho de propiedad, pero es el castigo que impondría a muchos de esos artistas privilegiados por la ley, no siempre los mejores. Así por lo menos harían algo realmente útil por la cultura.