No iba a escribir nada de la actualidad de la política española hasta que pudiéramos saber la última palabra del presidente Sánchez sobre la negociación de amnistía que se ha propuesto el Gobierno por los delitos cometidos en Cataluña durante el conato de referéndum en 2017. Es muy difícil hablar de lo que sólo se supone sin caer en el error de especular con los datos que emergen de la opacidad informativa del Gobierno, como parte de la estrategia para alcanzar sus objetivos mientras el jefe avanza silente dejando quemar una parte de los activos que lo representan, de los cuales la Vicepresidenta es el referente. La negociación emprendida aparentemente por cuenta de la líder de SUMAR, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, es un episodio de una serie de acciones consentidas y acordadas por Sánchez destinadas a su investidura, que si fracasara podría usar en la nueva campaña donde pueda volver a su relato anterior que justifique la no investidura por exigencias inasumibles de los independentistas, mientras el foco de la sociedad recae sobre esta parte del Gobierno dispuesta a abrazar el independentismo a cualquier precio.

No cabe duda que el sigilo de las negociaciones tiene que ver fundamentalmente con evitar la reacción de un segmento importante de la sociedad, donde se incluyen los propios votantes y militantes que están siendo excluidos de una decisión trascendente, deudora de un conjunto de ideas y sentimientos con los que se teje la memoria histórica pasada y reciente de la sociedad, independientemente de la ideología que se tenga. En silencio, con nocturnidad y alevosía, el Gobierno y el PSOE, dirigidos ambos por el propio Sánchez —no es ocioso decirlo—, ha desoído no sólo a la sociedad, sino también a sus militantes y a algunos de los líderes socialistas imprescindibles de la transición que por ese motivo son referentes de la memoria histórica del momento más prominente de la historia reciente, tanto para la gente de izquierda como para los de derecha, aquellos «antiguos» que arriesgaron el pellejo por la democracia actual y escribieron la letra de la convivencia, entre los que está el expresidente Felipe González, a los que aludía despectivamente ese ministro de cultura de un ministerio intradescedente en los pasillos del Parlamento de la nación, uno de los modernos gendarmes de la controvertida memoria histórica socialista.

Fueron los propios interesados por la parte de los negociadores catalanes quienes pusieron al descubierto al Gobierno que se negaba a decir que ya negociaba, mientras expusieron algunas de las demandas con el fin de fortalecer su posición entre los simpatizantes y obligar al Gobierno a ensuciarse las manos en una negociación de amnistía que antes había dicho nunca aceptaría, devolviendo el protagonismo a los malogrados independentistas catalanes. Si se revisa la hemeroteca en torno a los días en que el candidato del Partido Popular, Nuñez Feijoo, tramitaba su muerte anunciada en la investidura, se verá la crónica de los errores de coordinación y comunicación que demostraban una vez más la debilidad del partido socialista, que no sólo se habría valido de los radicales e independentistas para gobernar, sino que también cedería al chantaje de negociar encubiertamente contra uno de los poderes del Estado que había dictado sentencia defendiendo las normas de convivencia, el orden, las instituciones y la Constitución que fueron puestos en peligro por una parte de la sociedad catalana independentista durante el referéndum. Visto está que bajo la apariencia democrática del diálogo y la negociación se oculta un deseo irrefrenable de poder, que no encuentra justificación plausible y cuyo efecto más evidente es volver a dar relevancia a una tendencia política e ideológica contraria a la idea de la nación surgida en el 78, que en las últimas elecciones había perdido gran parte del respaldo obtenido durante la convocatoria del referéndum de independencia.

Si no fuera demasiado, podríamos decir que lo que los independentistas no lograron en su fallido golpe que obligó a imponer un estado de excepción en Cataluña, ni en las urnas durante las últimas elecciones generales, hoy parecen estar a las puertas de lograrlo aunque sea simbólicamente al principio —y ya sabemos el poder del simbolismo para estas ideologías—. Según ellos mismos adonde están llegando con estas negociaciones no es nada más que el opening de futuros eventos independentistas, sufragados por la incapacidad de acuerdo de los partidos que han gobernado el país y la sed de poder de Sánchez. La gran paradoja que sólo puede explicarse por la dependencia de Sánchez a su sección radical de Gobierno, autodenominados «los modernos» por el ministro de cultura, es cómo pueden negociar los constitucionalistas de izquierda con los inconstitucionalistas radicales de izquierda y derecha sobre temas donde deriva la unidad y la estructura de la nación, pero sin embargo los dos grandes partidos no pueden hacerlo aun cuando han gobernado el país, autonomías y ciudades con errores y aciertos que dan por válida y aprobada la democracia española en cualquier examen que se haga de ella. Parodiando a Churchill, no conocemos otra democracia mejor en España, si bien es perfectible y algunas instituciones podrían hacer mejor su trabajo para solucionar los problemas que han dado lugar a lo que Sánchez y su gobierno esquizoide pretende arreglar poniendo en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad futura.

No obstante, en política el silencio es un arma de doble filo, de cierta mortalidad cuando se usa inadecuada y exageradamente como sucede en las sociedades opacas. Lo cierto es que gracias al silencio conque Sánchez está manipulando la situación, no digo sobre la negociación donde es necesario, todos estamos opinando de lo que no sabemos y de lo que quisiéramos que fuera según nuestras identidades ideológicas. No hay ninguna razón que justifique la confusión, la especulación y la ausencia de una discusión a la que la ciudadanía tiene derecho y que incluso podría ayudar a pensar a los políticos. Es sintomático de la importancia del silencio la alarma en un sentido y en otro, a favor y en contra, creada por la especulación en algunos medios creadores de tendencia en los diferentes nichos de opinión ideológica, sobre todo aquellos que justifican sin paliativos la amnistía porque la haría Sánchez, suponiendo que estaría bien cualquier cosa que este hiciera. Esta fidelidad al líder no es nueva en España, parece ser que nos viene de las noches más profundas de nuestra historia, y la hemos visto tanto en la derecha como en la izquierda. En la historia reciente da igual que fueran Felipe González o José María Aznar los líderes, nos tocan el cencerro y así nos movemos.

No podemos estar seguros si habrá amnistía porque no tenemos suficiente información y si la hubiera tampoco sabemos cómo será, cuáles serán los fundamentos políticos y de derecho, ni cuáles las consecuencias directas e indirectas, ni a quiénes favorecerá, ni cuáles de los grupos de poder que se debaten por la prominencia será el más castigado. Seguramente sería ahora cuando la sociedad debería participar de esos supuestos que giran en torno a la negociación, incluso formar parte de la decisión mediante consulta en dependencia de la envergadura de la amnistía. Los propios expertos dudan de que se pueda justificar de derecho y ahí radica el primero de los nudos que el Gobierno tiene que deshacer, aunque ya sabemos que la letra es capaz de soportar los más incruentos crímenes mientras la sociedad contempla impávida o aplaude la ejecución.

Sin embargo es la justificación política de este hecho lo que más debiera preocuparnos, ya que si bien el Gobierno acostumbra a saltarse todos los obstáculos con la muleta de los radicales, sin importar el credo ideológico ni la finalidad política, una justificación aunque avalada por derecho que creara una nueva expectativa nacionalista podría poner en riesgo las soluciones dentro de una reestructuración del encaje autonómico, más acordes con el espíritu de la Constitución y la unidad nacional. Al contrario de lo que pueda pensarse, la amnistía no tendría que ser un problema y sí una solución, si fuera discriminatoria o selectiva, o sea, sólo para aquellos que no tuvieron responsabilidad ni operativa, ni política en el referendo, de lo contrario no contribuye a la normalidad, sino que estimula la beligerancia. Mutatis mutandis, una amnistía discriminada podría ayudar a desactivar el discurso victimista del separatismo y a situarlo al margen de la cuestión identitaria como dos asuntos relacionados pero con soluciones diferentes.

A pesar de lo que se diga en la derecha, Sánchez tiene derecho a negociar. En política se negocia en silencio y también en lugares oscuros como puede ser bajo el techo del catalán que obligó al Estado español a intervenir Cataluña y del cual es prófugo. Y también tiene derecho a negociar por conservar el poder, en definitiva sólo los ilusos pueden creer que la política es un medio para otros fines. Y a pesar de que en en casa, en la escuela y en la iglesia nos hayan enseñado que mentir es malo, en política es bueno cuando se hace bien por alcanzar un objetivo, que si nos favorece nos alegramos sin pensar que se ha alcanzado con un poco de engaño, ese ingrediente sin el cual la política sabría a poco y que interpretamos oportunamente en nuestras relaciones sociales con el doble rasero de la moral. El problema en juego no es si negocia, sino qué se negocia, a cambio de qué y qué es lo que se pondría en riesgo tanto si se alcanza un acuerdo como si no se alcanza, y si vale la pena correr determinados peligros por alcanzar un acuerdo que en este caso podría empeñar el futuro de la política nacional. El cómo se alcanza el acuerdo tiene un valor residual a pesar de que hoy se cotiza al alza en los medios de información contrarios a que Sánchez logre un acuerdo para su investidura.

Además de la virtud de Sánchez como trilero que para hablar mal o bien de él todo el mundo le reconoce, hay una cualidad negativa relevante que ha demostrado durante su mandato y es la de no haber sabido mandar a aquellos que no son de su partido aunque forman parte de su Gobierno. El lastre de errores de los otros que han actuado como si fueran un co-gobierno o un alter ego esquizoide de Sánchez hubiera sido suficiente para juzgarlo como gobernante, si bien el político Sánchez ha sabido moverse contra las sogas en los peores momentos de las crisis epidémicas y de la invasión de Ucrania, por mencionar dos ejemplos. Nunca sabremos, de no contarlo en sus memorias de expresidente, si no haber sabido gobernar a los otros es en realidad una incapacidad o una habilidad para dejar hacer lo que habría querido o una necesidad para poder sostener el Gobierno y no perder el poder, ese vellocino de oro que lo hace ser uno de día y otro en la noche. Posiblemente de aquellas aguas estos lodos.

No sabemos si habrá amnistía, ni qué tipo, lo que si podemos saber es que es un error seguir profundizando la brecha entre gran parte del país en contra del separatismo para favorecer a una parte mínima de independentistas y los radicales, sobre todo cuando al revés de lo que se dice para convencernos no contribuye a la normalidad, sino que es un balón de oxígeno para aquellos cuyo ego nacionalista se equipara a la definición freudiana de nacionalismo como el narcisismo de la pequeña diferencia. No hay ninguna justificación para crear una eventual crisis por satisfacer la necesidad de poder de una parte de los políticos que gobiernan, ni hay una situación de excepción que justifique una medida excepcional como la amnistía. No es ocioso que nos preguntemos porqué es ahora cuando la investidura de Sánchez depende de los independentistas que se hable de amnistía y otras demandas con las cuales estos han decidido subir su listón y vender caro su consentimiento. Entonces podremos entender que el mutismo de Sánchez otorga todas las sospechas de que habrá amnistía o ya ha empezado la campaña para resetear al Gobierno culpando a los otros del fracaso en pos de la próxima investidura.