El siguiente trabajo del economista Jorge A. Sanguinetty es un documentado y contundente rechazo al discurso del bloqueo o embargo estadounidense que aún sostiene el gobierno cubano para justificar la situación económica del país, un argumento que ha calado eficientemente no solo en aquellos que defienden y son solidarios con el régimen dentro y fuera de la isla, sino también en Gobiernos, organizaciones internacionales y en parte del exilio. El análisis de Sanguinetty no olvida que las estructuras y políticas económicas y financieras que han llevado a la crisis actual están condicionadas por el sistema político y la mala gestión de los gobernantes. El texto actual es una versión reducida y actualizada que forma parte de su libro Cuba: decadencia y rehabilitación. Eriginal Books (2018).

¿Por qué el embargo de los EE.UU. es visto por muchos como la causa principal de la crisis crónica de la economía cubana, y por qué no se reconocen igualmente las restricciones que configuran el embargo interno y por lo tanto se subestiman o ignoran los efectos bastante más nocivos del mismo? Esta debería ser una de las preguntas que deberíamos hacernos para comprender las causas y consecuencias de la reciente reactivación de la Ley Helms-Burton. Muchos creen erróneamente que la causa principal de la crisis de la economía cubana se debe casi exclusivamente al embargo de EE.UU, sin atribución alguna de causalidad a las restricciones impuestas por el gobierno cubano a la economía de sus ciudadanos en particular, y a la sociedad civil en general. Dicha creencia es la base de recomendaciones y acciones de política a favor de un levantamiento unilateral del embargo externo sin que se levanten pari passu las restricciones del interno. Tales propuestas, basadas en un sesgo cognitivo considerable, ignora que sin que se levante el embargo interno, los efectos distributivos resultantes no serían equitativos y favorables al mejoramiento de las condiciones de vida de los cubanos.

Hay que remitirse a los años iniciales de la Revolución para ver, aunque sea brevemente, el origen de la discapacidad del Gobierno cubano, la implantación del embargo interno y sus consecuencias. En algo menos de dos años el gobierno revolucionario cubano cambió drásticamente la economía política del país. Con la supresión de los derechos de propiedad privada cambiaron radicalmente las fuentes de poder político. Hasta entonces los innumerables agentes decisorios tomaban sus decisiones individualmente y con ello contribuían colectivamente al desarrollo del país. Los nuevos agentes decisorios eran unos pocos, actuando con agendas distintas y mediante un máximo grado de centralización. Estos cambios operaron tanto al nivel de la política macroeconómica, como al nivel del manejo de las empresas individuales, afectando también en su totalidad la vasta infraestructura de distribución de la producción y los mercados mayoristas y minoristas de bienes de consumo e intermedios y los de factores productivos como capital, trabajo y tierra. El sector financiero desapareció junto a los conceptos de crédito, interés e intermediación financiera, al igual que sectores completos de servicios profesionales, como los legales, de contabilidad y auditoría, de publicidad, etc.

Se puede decir sin temor a exagerar que la economía y sociedad cubanas sufrieron en este período una “tormenta perfecta” de magnitud catastrófica, todavía no bien dimensionada por los cubanos o por los observadores externos. Pocas veces en la historia se produce una transformación de una sociedad y su economía en tan corto tiempo y con tal profundidad y extensión. Las reglas de juego cambiaron dramáticamente y los cubanos tuvieron pocas alternativas a adaptarse a las mismas. Vale la pena notar que estos cambios no fueron causados por factores económicos, sino exclusivamente por factores políticos ayudados por elementos ideológicos y sicológicos emanados, todo hay que decirlo, de la necesidad de un cambio en la Cuba preexistente a la etapa castrista.

Es muy importante destacar que no sólo cambiaron las reglas de juego y la organización de la economía sino también sus objetivos. Hasta entonces, el aparato productivo del país estaba principalmente dedicado a la satisfacción de las necesidades de consumo, empleo, producción, ahorro e inversión de los cubanos. En este aspecto el papel del gobierno, a través de las instituciones y organismos del estado, estaba formalmente limitado a facilitar y regular la actividad y la política económicas del país y a proveer los típicos bienes públicos como la administración de justicia, la seguridad interna, la estabilidad monetaria, etc. Con los cambios implementados a partir de la avalancha de expropiaciones de 1960, las empresas ya estatizadas fueron consolidadas por el gobierno en forma de monopolios estatales. Pero el proceso no se limitó a un simple cambio de propietarios pues, junto con su gerencia, las empresas que no fueron cerradas perdieron toda su autonomía en la determinación de niveles de precios, producción, inventarios, empleo e inversión y su capacidad de responder a la demanda por sus productos. El sistema descentralizado de dirección de las empresas había dependido hasta entonces del funcionamiento eficaz de un sistema flexible de precios como generador de las señales que guiaban la producción y determinaban su rentabilidad y, por ende, garantizaban su viabilidad y existencia. Tal sistema fue reemplazado por un aparato de planificación central que decidiría en teoría qué, cuánto y cómo producir y a qué precios. La flexibilidad del sistema de precios que existía desapareció y en su lugar quedó un sistema de precios fijos administrados por el gobierno que sólo por casualidad reflejaban relaciones libres de oferta y demanda.

De este modo la enorme complejidad de la economía cubana, instituida, desarrollada y consolidada durante siglos en el país, sufrió un proceso de demolición, abrupto y sistemático, y sus escombros encapsulados improvisadamente en un sistema de menor complejidad, que supuestamente optimizaría la asignación de recursos productivos en favor de un mejor nivel de vida de la población. La red neural representada por millones de los contratos relacionales de los que estudia Betancourt (2015) sufrió daños irreparables, lo cual se hizo evidente de inmediato con las escaseces de cuanto se producía o importaba en Cuba y que desembocó en innumerables formas de racionamiento. Por muchas razones la empresa estatal no tendría la capacidad de responder a la demanda de los consumidores, pérdida de capacidad que nunca pudo ser reemplazada por el aparato de planificación central.

Curiosamente, las directivas del gobierno o de los planificadores de la economía no incluían consideraciones o metas sobre la rentabilidad de las empresas. Esta omisión, generalmente desconocida por los analistas de la economía cubana, marca una de las contradicciones más flagrantes en la estrategia de instalación de una economía socialista en Cuba. Es cierto que no existe una teoría económica del socialismo que guíe la política económica bajo esas condiciones, pero se supone que la plusvalía, de nuevo usando un concepto marxista, no desaparece con la socialización de los medios de producción, se enfoca en la apropiación privada de la plusvalía y su ulterior socialización, pero no a su eliminación. ¿Por qué entonces no se reconoció por parte de las autoridades cubanas la importancia de la rentabilidad de las empresas como una medida de su eficiencia y capacidad generadora de plusvalía?

Creo que la respuesta más razonable es que los dirigentes de la revolución, o quizás Fidel Castro solo, no entendían el concepto porque su afán transformador de la economía política estaba motivado por una agenda de maximizar poder político y otros objetivos ideológicos e internacionales, no el desarrollo y crecimiento económico del país.

En este punto hay que recalcar que el cambio en la economía política de Cuba no se limitó al cambio de las estructuras de la propiedad (de privada a estatal) y de la gerencia (de administradores calificados a revolucionarios sin experiencia gerencial), sino que incluyó un cambio radical en la estructura de la producción y sus objetivos (menos bienes de consumo y más bienes de inversión y gasto del gobierno y militar). De la abolición de la propiedad privada se desprendió de manera concomitante la abolición del derecho de los ciudadanos como consumidores a expresar libremente sus preferencias y a adquirir lo que deseaban con base en esas preferencias; como trabajadores a escoger dónde y cuánto laborar en función de sus aspiraciones y capacidades; como productores o posibles emprendedores o empresarios a desarrollar nuevas empresas; y como ciudadanos el derecho a opinar e influenciar en las decisiones del gobierno. Dichas restricciones se implementaron mediante; 1) un sistema de racionamiento del consumo en el que no sólo el gobierno determinaba las cuotas de alimentos seleccionados sino que también restringía considerablemente el surtido disponible de los bienes de consumo y 2) el sistema de planificación central que racionaba a las empresas todos sus abastecimientos y demás insumos, además de decidir sobre la política macroeconómica del país, en especial cómo se distribuiría el Producto Interno Bruto entre consumo y ahorro/inversión.

Prácticamente nada ni nadie dejó de ser afectado por los cambios revolucionarios, todos los cuales en conjunto tuvieron múltiples efectos en la sociedad en general y en la economía en particular y no es posible describirlos aquí en toda su extensión.

A la luz de estos hechos creo que se puede afirmar que Cuba sufrió dos revoluciones, una en enero de 1959 que consistió en derrocar el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista y otra que consistió en demoler la arquitectura institucional de la República de Cuba y transformar su economía de mercado en una de propiedad estatal centralizada al máximo. La primera fue la que le dio el nombre de revolución al movimiento organizado y dirigido personalmente por Fidel Castro y fue aceptada por la mayoría de los cubanos como un proceso de liberación y restauración democrática. La segunda fue inesperada pero gradual y no tuvo el mismo grado de respaldo popular. De hecho la segunda revolución comenzó con un largo y difícil proceso de aprendizaje y adaptación, sin nunca haber logrado cumplir las grandiosas promesas iniciales de su líder principal en materia de desarrollo y crecimiento económico, especialmente en materia de industrialización y diversificación agrícola.

En el marco del clima creado en Cuba por todos estos cambios operando conjuntamente, uno de los efectos económicos de mayor impacto y trascendencia fue el de disminuir significativamente el incentivo de las empresas, aún bajo la nueva administración revolucionaria, y el de los trabajadores a producir con los niveles de eficiencia logrados hasta 1959. Este fenómeno era congruente con la despreocupación gubernamental sobre la rentabilidad (capacidad de generar plusvalía) de las empresas estatales. Esto marca el comienzo de una gran caída en los niveles tradicionales de producción, de la productividad del factor trabajo y de la productividad total de factores, cuyo efecto macroeconómico fue la insolvencia crónica del país desde el comienzo de la planificación central.

Tal desequilibrio ha perdurado por más de medio siglo y ha hecho que la economía cubana haya dependido de subsidios externos, por muchos años de la antigua Unión Soviética y más recientemente de Venezuela. Pero también ha forzado al gobierno, desde la desintegración de la Unión Soviética, a reemplazar una parte de esos subsidios mediante empresas estatales rentables poniendo unas en manos de militares de confianza y otras a cargo de inversionistas y/o operadores extranjeros. Algunos ejemplos de estas empresas se pueden encontrar en el sector turístico y en la minería.

Aquí cabe una reflexión sobre la trascendencia de los derechos de propiedad como piedra angular de una economía viable. Cuando una sociedad posee un sistema legal regido por leyes que consagran y protegen los derechos de propiedad privada, tanto en las áreas productivas como no productivas, la evolución y el rumbo de su economía dependen de la participación de un alto número de agentes decisorios actuando libremente en función de sus intereses privados. Independientemente de cuán equitativa sea o no la distribución de la propiedad privada productiva entre los miembros de una sociedad o cuánto nos guste o disguste una distribución dada, la alternativa de eliminarla ha significado, como puede verse desde el triunfo de la revolución bolchevique, la concentración de las propiedades en los organismos del estado. Esta transformación del régimen de propiedad permite que su administración pase a manos de las personas a cargo del gobierno que, en estas nuevas condiciones y en presencia de la eliminación de cualquier forma de separación de poderes y un estado de derecho, concentran una cantidad de poder político sólo visto antes en las monarquías absolutas y formas más primitivas de gobierno.

Con ese nivel de concentración de poder, el manejo de los activos acumulados queda inevitablemente sujeto a los intereses privados de los gobernantes y de los burócratas en los cuales se delegan ciertas facultades administrativas y poderes políticos. Esta evolución da lugar a una especie de privatización de facto, subrepticia y divorciada de los intereses de la mayoría de la población, ahora desposeída de todo poder político descentralizado que se deriva indirecta pero efectivamente de la propiedad privada. Esto significa que en este tipo de revolución la eliminación de los derechos de propiedad privada y las expropiaciones van acompañadas de la expropiación de otros derechos civiles. Al final de este proceso el ciudadano queda a merced del ente expropiador que como en el caso cubano concentra todo el poder en una persona, sin alternativas de que la sociedad pueda asumir el protagonismo de que la han depuesto.

Las asimetrías de la información a la que tienen acceso gobernantes y burócratas se acentúan por el monopolio que mantiene el gobierno cubano (como agente de jure pero principal de facto) sobre los medios de comunicación y la falta de libertad de expresión e información que afecta a la ciudadanía (como principal de jure pero agente de facto). En estas condiciones el gobierno siempre declara que trabaja a favor de los intereses de sus ciudadanos, mientras que muchos de ellos lo creen por lo menos por cierto tiempo. El hermetismo que el monopolio estatal mantiene sobre la información que llega a los ciudadanos no sólo genera sesgos cognitivos considerables, sino también un estado de incertidumbre permanente que hace más profunda la dependencia de la población de sus gobernantes. De este modo la economía política cubana excluye la participación ciudadana de todo proceso de cambio, especialmente aquellos que puedan estar a favor de sus intereses y en contra de los de la clase gobernante. La evidencia más visible de la impotencia ciudadana en Cuba se manifiesta en la ausencia de una sociedad civil.

El profundo trauma causado en tan corto período por la avalancha de cambios institucionales y organizativos provocó el éxodo masivo de personal calificado técnica y gerencialmente, tanto del gobierno como de las empresas. Esto tuvo como consecuencia una contracción significativa de la oferta de bienes y servicios, tanto en cantidades como en calidades. Desafortunadamente, a comienzos de 1960 el gobierno suprimió la estimación de cuentas nacionales, como he dicho en otra ocasión, y no existen estadísticas agregadas confiables para documentar y medir esa contracción, aunque algunos datos de producción física la sugieren para ese período inicial de la revolución como puede verse en Mesa-Lago (1972, pp. 287-289). Como resultado de la contracción, combinada con un posible exceso temporal de demanda por bienes de consumo disparada por el aumento del empleo estatal, el gobierno impuso en 1962 un sistema de racionamiento por cuotas para introducir una medida de orden en el abastecimiento de bienes cuyos precios se habían congelado a niveles por debajo del equilibrio de oferta y demanda.

De este modo el sistema de planificación central combinado con los cambios radicales de todas las empresas productivas, desde las grandes a las más pequeñas unipersonales, representaron un conjunto de restricciones que redujeron los niveles de producción del país, afectando su comercio interior y exterior, los niveles de consumo y en general el crecimiento de la economía cubana. Todo esto a pesar de la política oficial de crecimiento económico expuesta por el gobierno y sus voceros al comienzo del período revolucionario. De hecho, cuando el gobierno de EE.UU. comenzó a restringir la economía cubana como resultado de las tensiones entre ambos países, el gobierno cubano declaró que Cuba podría resistir las consecuencias al asumir el sistema económico socialista de subsidios. Por el contrario, las rigideces económicas introducidas por el gobierno revolucionario redujeron aún más las capacidades productivas del país, incluso antes de que EE.UU. implantara la primera fase del embargo. Las consideraciones políticas primaron sobre las económicas. Todas las restricciones económicas forman parte de un conjunto de restricciones sociales, políticas e ideológicas que representaban un verdadero bloqueo o embargo interno que sirvió para usar la economía como instrumento de control político de la ciudadanía, estrategia que, a sesenta años vista de su comienzo, indudablemente ha dado resultado.

El embargo interno

Este conjunto de restricciones representa el verdadero bloqueo de la economía cubana ya que la afecta en su totalidad, esto es, no sólo restringe el intercambio entre los cubanos residentes en la isla sino también las relaciones de ellos con el resto del mundo, incluyendo a los exiliados a los cuales se les ha demandado la colaboración económica a cambio de nada. Este embargo interno está impuesto por el gobierno cubano a la economía privada de los cubanos, limitada esencialmente al consumo racionado por el gobierno y a trabajar como empleados públicos, sea en instituciones gubernamentales per se o en empresas estatales. Aunque las reformas de Raúl Castro ahora permiten el trabajo por cuenta propia, una cierta actividad en mercados privados y la formación de micro y pequeñas empresas, las mismas operan con grandes restricciones, entre ellas impuestos muy elevados, dificultades y limitaciones en los suministros y la gran cantidad de permisos, trabas burocráticas y excesivas e indiscriminadas inspecciones que deben enfrentar.

La lista de restricciones que predominan en la economía es larga, y sus principales elementos son: (1) la reducción extraordinaria de opciones de consumo con base en diversas formas de racionamiento; (2) la incapacidad de las empresas de responder a la demanda de bienes y servicios por parte de la población; (3) la prohibición de comerciar libremente en mercados internacionales de importación y exportación; (4) la falta de acceso a mercados financieros domésticos e internacionales; (5) la carencia de medios de producción y suministros disponibles al público; (6) la falta general de vivienda; (7) las limitaciones en la disponibilidad de transporte; (8) las restricciones y el déficit de las comunicaciones y la información incluyendo Internet; (9) el deterioro creciente de la infraestructura física del país, especialmente en obras viales, acueductos y alcantarillados; y 10) falta de transparencia informativa sobre la economía.

Algunas de las restricciones correspondientes al embargo interno fueron impuestas gradualmente por el gobierno cubano en un intervalo de dos años y no de una vez como fue la primera fase del embargo de EE.UU. Este gradualismo inicial sirvió para suavizar su impacto sobre la población, al mismo tiempo que al gobierno le permitía justificarlas con diversos argumentos, mientras eran asimiladas y aceptadas como parte del capital político que el gobierno revolucionario tuvo en sus primeros años. Este proceso fue facilitado por el establecimiento previo del monopolio estatal de todos los medios de comunicación y la prohibición paralela de expresar opiniones contrarias a la política oficial. Es importante señalar que el gradualismo relativo con que se impusieron estas restricciones sirvió para que en su conjunto no tuvieran una identidad propia, como si las nuevas restricciones fuesen una característica natural del nuevo estado de cosas y que por formar parte del paquete tuvieron que ser toleradas, al contrario del paquete de restricciones del embargo de EE. UU. que, además, fue usado como excusa de las consecuencias del propio embargo interno.

Entre las primeras restricciones que el gobierno revolucionario impuso está el establecimiento del control de cambios del peso cubano por monedas extranjeras, en especial el dólar de EE.UU., a comienzos de 1959. Esta medida o la devaluación del peso eran inevitables porque las reservas internacionales de Cuba estaban agotadas a fines de 1958. Así el gobierno optó por el control cambiario para evitar la devaluación. En este punto cabe sugerir que la medida puede haber servido de preparación mental previa a otras medidas que el gobierno tomaría, justificándolas como respuesta a los problemas creados por el recién derrotado gobierno de Batista.

Otra de estas medidas que sirvió para preparar la aceptación popular de un gobierno interventor y todopoderoso fue la de crear el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, a cargo de una persona de confianza del público, con el objetivo explícito de confiscar las propiedades de las personas allegadas al gobierno anterior, independientemente de que tales propiedades hubiesen sido adquiridas legalmente. La medida sirvió también para iniciar la confiscación sin compensaciones y la adquisición ilegítima de las propiedades correspondientes por el gobierno cubano. Este proceso tuvo un gran respaldo popular en el marco de la historia de la corrupción en Cuba, junto a la promesa del joven gobierno revolucionario de erradicar este mal de las organizaciones del nuevo estado La creación de este ministerio fue un antecedente que se usó para crear las condiciones sicológicas que ayudarían a implementar en 1960 la restricción más robusta del embargo interno, a saber, la socialización de la mayor parte de las propiedades productivas del país que estaban en manos del sector privado.

La imposición de otras restricciones prosiguió gradualmente pero de manera incesante, con la implementación en 1959 de la primera reforma agraria, como fue prometida desde antes del triunfo de la revolución. Esta reforma redujo el área de las grandes propiedades agrícolas en Cuba, las cuales fueron dedicadas posteriormente a la formación de granjas estatales y cooperativas. Casi al mismo tiempo, el gobierno revolucionario decretó una ley de reforma urbana por medio de la cual se confiscaban las viviendas urbanas alquiladas, bajo la promesa de que en un futuro predeterminado los inquilinos de dichas viviendas se convertirían en sus nuevos dueños. La reforma urbana representó el establecimiento de una de las restricciones más onerosas e inflexibles del embargo interno, pues paralizó la compra-venta de viviendas así como casi totalmente la construcción de nuevas viviendas por más de medio siglo en el país.

Esta restricción se vería reforzada por la casi completa imposibilidad de obtener materiales de construcción por muchos años lo cual afectaría severamente la capacidad del país de dar mantenimiento y hacer reparaciones al acervo existente de viviendas o hacer ampliaciones. Los efectos de esta política se pueden ver fácilmente en el deterioro de las edificaciones de todo tipo a lo largo de la isla. La construcción de nuevas viviendas quedó enteramente a cargo del estado pero las construcciones que ocurrieron no alcanzaban a disminuir el creciente déficit habitacional de Cuba, además de la deficiente calidad constructiva y estética insuficiente para satisfacer la explosión demográfica y migratoria del campo a la ciudad.

Esta rigidez también afectó la movilidad territorial de los cubanos pues desaparecieron los mercados locales de bienes raíces, obligando a los inquilinos a vivir en el mismo inmueble por un número indefinido de años mientras no encontraran a otro inquilino para realizar lo que se dio por llamar una “permuta” de viviendas. O sea, el libre mercado de bienes raíces del país fue reemplazado por un sistema de trueque con todas sus ineficiencias. Además, la falta de nuevas viviendas forzó a las nuevas generaciones a compartir con sus padres las viviendas donde habían crecido, afectando negativamente un segmento importante de incentivos económicos para las nuevas familias.

La magnitud de este fenómeno y el peso de las restricciones que implica se puede medir mediante el hecho de que la población cubana casi se duplicó en los primeros 30 años de la revolución, quedándose estancada en unos 11 millones de habitantes en los últimos años debido a la caída de la tasa de natalidad y a la emigración a otros países. Este conjunto de restricciones ha sido relajado marginalmente por las reformas implementadas por Raúl Castro en años recientes, aunque la construcción de nuevas viviendas por la población sigue estando severamente limitada.

Pero son las expropiaciones masivas de las empresas industriales, agrícolas y de comercio, extranjeras y nacionales en 1960, las que establecieron las principales restricciones a la economía del país, complementadas por el establecimiento de la planificación central como un modo nuevo de dirección del aparato productivo nacional. Al conjunto de estas restricciones se suman la incapacidad administrativa y la baja productividad de las empresas estatales ya a cargo de la inmensa mayoría de la producción del país. La incapacidad administrativa de la burocracia estatal cubana se combina y hace más onerosas las restricciones del embargo interno, muy en especial la falta de una tradición de operar con eficiencia y de poder reemplazar a los administradores menos eficientes. Hay que tener en cuenta que las empresas estatales cubanas han estado sujetas, desde que se crearon, a estilos administrativos donde la lealtad de administradores y trabajadores a los gobernantes y a la ideología comunista siempre ha primado sobre la eficiencia productiva.

Posteriormente ese conjunto de restricciones sigue vigente hasta el momento en que escribo con las reformas de Raúl Castro y el aumento del trabajo por cuenta propia y la muy pequeña empresa. Desafortunadamente no es posible representar con precisión la magnitud de todos estos cambios a causa de falta de datos precisos acusados por la falta de transparencia, pero los datos de que podemos disponer son suficientes para ayudar a comprender cómo las opciones a las que tenían acceso los ciudadanos sufrieron un cambio radical desde 1959.

Es razonable esperar que las restricciones internas representadas podrían aliviarse significativamente si se redujera el peso relativo de las empresas estatales en la economía y su reemplazo por empresas privadas. Esto sin embargo no está en los planes de reforma pues el gobierno sigue declarando su preferencia por una economía que esté principalmente basada en grandes empresas estatales. Irónicamente, la mayor eficiencia de la empresa privada está tácitamente reconocida en el plan de reformas raulistas mediante la ley de inversiones extranjeras, pero la misma no incluye a inversionistas cubanos. O sea, a pesar de las reformas actuales hay que decir que el embargo interno se mantiene en una gran medida. Veamos ahora cómo las restricciones correspondientes al embargo americano interactúan.

El embargo de Estados Unidos

Este embargo consiste en la prohibición del comercio y otras transacciones económicas y financieras entre EE.UU. y Cuba. Igualmente este embargo impide o limita los viajes de turistas americanos a la isla. Inicialmente esta medida fue impuesta en 1961 por el gobierno de EE.UU. como represalia por las expropiaciones masivas y no compensadas del estado cubano a las inversiones estadounidenses ocurridas en 1960. De hecho, la imposición de restricciones a la economía cubana había comenzado un poco antes mediante la eliminación de la cuota azucarera de exportación que Cuba disfrutaba a precios preferenciales en el mercado de EE.UU.

Esta acción fue tomada anteriormente como respuesta a la intervención cubana de las empresas petroleras americanas por negarse las mismas a refinar petróleo proveniente de la Unión Soviética según ordenaba el gobierno revolucionario. En los años 90 hubo dos ciclos adicionales de ampliación de estas restricciones, la Ley Torricelli que reducía el comercio con Cuba y la Ley Helms-Burton que condicionó el levantamiento del embargo a que el gobierno cubano tomara medidas de liberalización política y económica. Para un examen de este proceso véase a Leo- Grande y Kornbluh (2014).

Este embargo restringe significativamente el comercio entre Cuba y EE.UU. con la excepción de la importación de alimentos y medicinas por parte de las empresas estatales cubanas aunque con limitaciones ya que las compras deben hacerse mediante pagos contra entrega o por adelantado sin posibilidades de crédito. El embargo también prohíbe los movimientos de capital y las inversiones, lo que incluye límites en las transferencias de dinero de personas o instituciones en EE.UU. hacia particulares residentes en la isla. De hecho este embargo se aplicó fundamentalmente a la economía del gobierno revolucionario, pero afectando irremisiblemente a la población cuya economía ya dependía casi totalmente del gobierno cubano.

Otras restricciones importantes incluyen la prohibición a empresas subsidiarias de firmas estadounidenses de comerciar con Cuba desde terceros países, así como también la prohibición de que barcos de carga que toquen puertos cubanos puedan hacerlo en puertos de EE.UU. Se suma a estas restricciones las de viajar a Cuba por parte de ciudadanos americanos sin familiares en la isla, lo cual limita los ingresos en dólares por motivo de turismo de americanos, a pesar de que esta restricción ha sido parcialmente liberada en los últimos tiempos a raíz del restablecimiento de relaciones entre los dos países.

De todas las restricciones del embargo, las más dañinas para la economía estatizada cubana son la prohibición de exportar al mercado tradicional de EE.UU. y la importación de bienes que no sean alimentos o medicinas, la primera porque impide que el gobierno de Cuba obtenga suficientes ingresos en dólares, lo que limita la capacidad cubana de importar desde otros países, y la segunda porque impide el suministro de equipos, piezas de repuesto y materias primas que las viejas inversiones e instalaciones ahora en manos de empresas estatales del país necesitan para su operación.

En la práctica este embargo principalmente restringe la economía cubana en el intercambio comercial y financiero con EE.UU., aunque Cuba puede tener relaciones económicas con los demás países del mundo. Pero tales relaciones se ven de todos modos afectadas por el embargo americano por varias razones. Primeramente, EE.UU. representa un mercado natural y de fácil acceso a los exportadores cubanos y el embargo fuerza a Cuba a buscar otros mercados a costos más elevados.

En segundo lugar, las restricciones de tipo bancario y financiero con EE.UU. también dificultan las relaciones de Cuba con otros países. La Ley Helms-Burton busca sancionar inversiones de terceros países que utilicen activos confiscados pertenecientes a inversionistas americanos, lo que es un obstáculo más para la inversión extranjera en la isla. Finalmente no cabe duda de que el embargo americano, al reducir las posibilidades de intercambio entre Cuba y EE.UU., afecta la eficiencia de cualquier empresa o inversión en Cuba, lo cual desestimula su desarrollo, como es el ejemplo citado arriba de las limitaciones existentes en cuanto a barcos de carga que toquen puertos cubanos.

Aunque algunas partes de este embargo pueden ser modificadas (y hasta eliminadas) por el poder ejecutivo de EE.UU., por ejemplo los límites en las remesas que se envían a la isla, cualquier otro levantamiento está sujeto a una acción legislativa por parte del Congreso de EE.UU. Esta condición dificulta una negociación con el gobierno cubano que permita un quid pro quo en relación al embargo interno, como veremos más abajo.

En este punto es interesante notar cómo muchos observadores dejan de reconocer que, desde un punto de vista administrativo, es logísticamente mucho más fácil levantar las restricciones del embargo interno por el alto grado de centralismo y poder del gobierno cubano. Las razones que se esgrimen para no levantarlo se basan en preceptos ideológicos pero se puede argumentar que las verdaderas razones radican en mantener una economía política que favorece la permanencia indefinida en el poder de los miembros del gobierno.

Los dos embargos actuando simultáneamente

Como las restricciones correspondientes a ambos embargos se implementaron casi simultáneamente, es muy difícil separar los efectos de cada uno sobre la economía cubana sin un esfuerzo investigativo riguroso. Esto es especialmente válido para los investigadores y otros observadores de la economía cubana que no residen en el país o que tienen una visión limitada o sesgada de la manera sui generis en que opera esta economía. De hecho, a muchos observadores les resulta más fácil hacer el análisis intuitivamente, aunque sea incompleto y casual, en contraste con el observador residente en la isla que sufre directamente los efectos de ambos embargos y cuyo encuadramiento del fenómeno difiere del que corresponde al observador remoto simplemente porque lo ve y lo sufre de cerca.

Estas oportunidades de análisis se repiten a diario de manera anecdótica pero convincente por su elevada frecuencia, según se expresa en múltiples relatos por residentes en la isla. Por ejemplo, la escasez o inestabilidad de los abastecimientos de alimentos que son de relativamente fácil cultivo, cosecha, transporte y distribución como son el boniato, el plátano vianda, la yuca y la calabaza son generalmente atribuidas a las ineficiencias del monopolio estatal de intermediación comercial, lo que se llama oficialmente el sistema de acopio. Estas deficiencias, pero no sus raíces causales, han sido temas de discursos y promesas públicas de incrementos de producción y mejoras en distribución por parte de los líderes del gobierno cubano por más de cincuenta años. A pesar de esto y de las medidas de Raúl Castro en el proceso de introducir algunas reformas, la crisis de los abastecimientos aún no encuentra solución.

¿Cómo explicar esta crisis crónica? ¿Qué puede hacer la parte cubana para aliviar la situación aun cuando no se levante el embargo americano? No hay duda de que esta situación de crisis y escasez permanente resulta menos aceptable para el gobierno bajo Raúl Castro, que durante la jefatura de su hermano Fidel. Pero ambos han aprovechado la simultaneidad de ambos embargos para culpar al americano de todos los males del país.

Una respuesta a la primera interrogante es que la crisis de abastecimientos internos continúa porque las reformas no han sido lo suficientemente profundas y abarcadoras, seguramente porque Raúl Castro no sabe cuán lejos ir en otorgar libertades económicas sin poner en peligro su poder político. Y una respuesta a la segunda interrogante está contenida en la anterior, o sea, es poco lo que puede hacer el gobierno cubano en el marco de sus temores sobre su estabilidad política.

Mientras tanto, la coartada seguirá sirviendo por algún tiempo, aún con un levantamiento del embargo de EE.UU., pues el gobierno cubano siempre podrá atribuirle los males del país a los efectos acumulados por medio siglo de ese embargo. No obstante es de esperar que esta atribución tenga mayor impacto entre los observadores de otros países que entre los cubanos residentes en la isla.

Comparando los dos embargos

En el Cuadro 1 se contrastan algunas de las diferencias más importantes entre las restricciones del embargo de EE.UU. y las restricciones impuestas por el gobierno cubano sobre sus ciudadanos.

Hay que destacar que la diferencia más notable entre ambos conjuntos de restricciones es que las de EE.UU. sólo se aplican a Cuba, no a las transacciones que el país pueda hacer con otros países, mientras que las restricciones internas se aplican a los cubanos en todas sus actividades tanto domésticas como internacionales.

Muy específicamente, el monopolio estricto del comercio exterior que mantiene el gobierno cubano impide que sus ciudadanos tengan relaciones económicas sustantivas con otros países. O sea, el carácter universal de las restricciones internas las convierte en un verdadero bloqueo de las actividades económicas de los cubanos, lo cual limita sobremanera la capacidad productiva del país en su conjunto, incluso la de las propias empresas estatales.

Cuadro 1

El embargo de EEUU	El embargo interno
Impide al gobierno cubano comerciar con EEUU, pero no con el resto del mundo	Restringe el comercio entre cubanos y les impide comerciar con el resto del mundo
Impide que Cuba reciba inversiones de EEUU, pero no del resto del mundo	Impide a los cubanos invertir en empresas nacionales o extranjeras, sólo en microempresas
Permite al gobierno cubano importar alimentos, medicinas, libros, revistas y videos de cualquier fuente	Monopoliza la distribución de importaciones e impide que los ciudadanos tengan acceso libre a publicaciones
No impide que los ciudadanos americanos puedan gastar cantidades limitadas de dólares en Cuba	Impide que los ciudadanos cubanos que viajan por cuenta propia al extranjero tengan fácil acceso a monedas convertibles
No impide la creación de empleo en Cuba ni la práctica privada de servicios profesionales	Obstaculiza la creación de empleo en Cuba e impide la práctica de servicios profesionales privados
Permite y facilita el desarrollo de las comunicaciones en Cuba, incluyendo InterNet	Limita el desarrollo de las comunicaciones en Cuba, incluyendo InterNet

Debe destacarse que el Cuadro 1 no incluye otras restricciones gubernamentales a la economía cubana que de hecho no tienen comparación con el embargo americano. Por ejemplo, el gobierno cubano no les permite a sus ciudadanos poseer medios de comunicación como prensa escrita, radio o televisión, aunque desde hace poco tiene que tolerar el desarrollo de blogs que publican material independiente y crítico de la política oficial. Tampoco el gobierno permite la organización independiente de asociaciones profesionales, comerciales o sindicatos de trabajadores. En la práctica, el gobierno no permite la organización de entidades privadas de ningún tipo, con la posible única excepción de algunos grupos religiosos. Todo esto contribuye a que Cuba apenas tenga elementos embrionarios de una sociedad civil, lo que impide el desarrollo del capital social que complementa y facilita los contratos relacionales mencionados arriba como parte del tejido neural que necesita una economía moderna.

¿Por qué se ignora el embargo interno?

A pesar de su existencia y enorme poder restrictivo, el embargo interno de la economía cubana es demasiado lejano e intangible para ser percibido con precisión por los observadores externos, incluso por aquéllos que no ven con simpatía el tipo de economía política y régimen unipersonal que gobierna a Cuba. El observador externo ve la economía indirectamente y adolece de un sesgo cognitivo dado por el modelo mental que surge de su encuadramiento de la situación en una perspectiva estrecha e incompleta, que presupone que el poderío de EE.UU. es predominante sobre todo lo cubano, como consecuencia de la manipulación informativa del régimen. Es importante señalar que el embargo o bloqueo interno no tiene una etiqueta distintiva como la tiene el embargo americano.

Mientras tanto, el conjunto de restricciones etiquetado como “embargo de EE.UU.” es el que resulta visible para el observador internacional que generalmente no conoce cómo opera la economía cubana, ni los efectos de sus restricciones internas. Esta forma limitación está acentuada además por el enorme esfuerzo que el gobierno cubano dedica a manejar la información que emana de la isla y que reciben los analistas internacionales. Todo esto genera un sesgo cognitivo que distorsiona no sólo la visión de lo que ha ocurrido y ocurre en la economía política cubana, sino también las implicaciones de política y recomendaciones que se derivan de tal distorsión. Aquí convergen los aspectos positivos de la Nueva Economía Política con su dimensión normativa pero con un agravante: los sesgos de evaluación en el aspecto positivo contribuyen a justificar y consolidar la economía política actual a pesar de sus muchas distorsiones y su rechazo por una proporción considerable, presumiblemente mayoritaria, de la población cubana.

Al fin y al cabo ¿qué incentivos tiene el mundo en general para invertir un esfuerzo mental considerable en saber cuáles son los verdaderos factores que han determinado el estado actual de deterioro de la economía cubana y sus efectos sobre el bienestar de su población? La respuesta se encuentra en el hecho de que el sesgo cognitivo se hace más intenso por el efecto halo que produce la manipulación informativa que influye en la intuición de una buena parte de los observadores de la economía cubana, en este caso afectando de una parte al gobierno de EE.UU. y por otra al de Cuba. Por el lado del primero el antiamericanismo y otros prejuicios similares inclinan a muchos a pensar que, dado el tamaño e influencia de EE.UU., sus acciones sobre Cuba deben ser la causa principal de los problemas de la economía de la isla. Por el lado del gobierno cubano muchos observadores sesgan sus percepciones por el halo creado alrededor de la Revolución como un movimiento a favor de los pobres luchando por la soberanía nacional frente a una potencia extranjera. Debe notarse que el gobierno cubano ha dedicado un gran esfuerzo y cuantiosos recursos propagandísticos a la creación de esta percepción.

Pero hay otros elementos que contribuyen con gran peso a este sesgo, como por ejemplo la falta de un plan de juego estratégico por parte de la oposición al gobierno cubano para proyectar un discurso más preciso y eficaz. La economía política cubana incluye en su embargo interno una restricción que ayuda a generar sesgos cognitivos y es poco reconocida por los observadores externos. Se trata de la carencia de datos estadísticos confiables sobre la economía cubana, combinada con la falta de acceso libre a otras fuentes de información, y todo sumado a la prohibición oficial de que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones libremente y recopilar y distribuir informaciones pertinentes al bienestar general. O sea, el monopolio estatal sobre todos los medios de comunicación restringe enormemente la libertad de información que los ciudadanos, incluyendo los propios funcionarios del gobierno necesitan para saber evaluar las políticas públicas que los afectan. Tampoco pueden los ciudadanos evaluar si el comportamiento de sus gobernantes es congruente con sus intereses, lo cual elimina toda forma de retroalimentación que sirva para corregir desviaciones que la economía política pueda experimentar con relación al nivel general de bienestar de la población.

Escenarios de un levantamiento del embargo de Estados Unidos

En las condiciones descritas arriba es fácil comprender que un levantamiento del embargo de EE.UU. sin cambios internos en la forma de operar del gobierno cubano, en especial en el manejo de su economía, difícilmente sirva a los intereses de la mayoría de la población cubana. O sea, la economía política del país en la actualidad está construida para servir los intereses privados de una minoría de cubanos, encabezados por Raúl Castro, pero todo bajo el manto sagrado del socialismo. El centralismo extremo es la fuente principal de grandes desigualdades en la distribución del ingreso y los poderes políticos. Esto se ha puesto de manifiesto recientemente de manera extraoficial, mientras se contemplan alternativas a la sucesión del gobierno, dadas las edades avanzadas de sus dirigentes, después de más de medio siglo de gobierno. Es interesante apuntar que en materia de sucesión, ni el Partido Comunista de Cuba, el único legalizado, ni la Asamblea del Poder Popular se han manifestado al respecto. En esta coyuntura es donde se demuestra la necesidad de aplicar el enfoque de la Nueva Economía Política, para comprender cómo opera la economía y sociedad cubanas y examinar sus tendencias actuales.

Un simple modelo analógico ayuda a predecir algo de lo que puede esperarse de un cambio en la política de EE.UU. hacia Cuba sin una reciprocidad equivalente por el gobierno cubano. Podemos imaginarnos que en las condiciones actuales las economías de Cuba y de EE.UU. están conectadas por una tubería por dónde pudieran fluir en ambas direcciones los bienes y servicios que hasta ahora han estado restringidos. La tubería está controlada por dos válvulas; una en manos del gobierno de EE.UU. y la otra por el gobierno cubano o simplemente por Raúl Castro. Si se abre la primera, la segunda sólo se abrirá en la medida en que el flujo correspondiente beneficie al gobierno cubano y no necesariamente a la población en general. La misma no tiene en sus manos el control de la segunda válvula y el monto y distribución de los recursos que lleguen al país por esa vía serán decididos sólo por el gobierno cubano.

¿Qué puede esperarse que suceda si se levanta el embargo de EEUU sobre la economía cubana sin que la misma sea liberada de su embargo interno? Dado que casi todas las empresas cubanas pertenecen al estado y están administradas por el gobierno, es lógico esperar que sean los organismos del estado y sus funcionarios los que tengan prioridad en la repartición de los beneficios derivados de un levantamiento unilateral del embargo americano. Puede suponerse que dados los actuales desequilibrios de la economía cubana, la primera prioridad de Raúl Castro sea la de asegurar la estabilidad económica de su administración mediante el mejoramiento de la rentabilidad de las empresas y la consecuente disminución de la dependencia de los subsidios venezolanos, a la luz de los problemas que ese país ha estado confrontando en los últimos años. No hay que dudar que parte del esfuerzo estabilizador incluya mejorar en alguna medida los niveles de consumo de la población en general, pero es razonable esperar que esto se haría a discreción del gobierno y sin la participación de la población.

Desde el triunfo de la revolución en 1959 no existen precedentes de que la asignación de recursos a cargo del gobierno cubano le haya dado alguna vez una alta prioridad al consumo privado o al interés ciudadano. En el análisis de cómo opera esta economía hay que tener siempre en cuenta que la misma se maneja bajo una forma de economía política donde lo económico está en función de las preferencias de los gobernantes sin que los mismos rindan cuentas al resto del país. Sin un aumento del empoderamiento de la sociedad civil en Cuba es igualmente de esperar que la mayor disponibilidad de recursos que el levantamiento del embargo americano genere le sirva al gobierno cubano para reforzar su aparato de gobierno y sus sistemas propagandístico y represivo.

En este punto cabe preguntarse si las reformas impulsadas por Raúl Castro en los últimos años son equivalentes a un levantamiento parcial del embargo interno. Yo diría que en cierta medida sí, pero muy lejos de representar una verdadera liberalización de la economía o un cambio sustancial de su economía política. Por un lado debe tenerse en cuenta que uno de los ejes centrales de tales reformas bajo el llamado programa de “Actualización del Modelo Económico” es la expansión controlada del trabajo por cuenta propia y de empresas muy pequeñas junto al otorgamiento de tierras en usufructo a pequeños agricultores. En este marco, creo que es un gran error calificar las reformas actuales como una marcha hacia el capitalismo, más bien se trata de asegurar la gobernanza y el continuismo.

Dichas medidas no fueron motivadas por una vocación de economía de mercado o un abandono de preceptos socialistas, sino porque Raúl Castro parece darse por vencido en cuanto a los dos grandes fracasos económicos del socialismo cubano: la incapacidad de generar suficiente inversión, empleo y crecimiento en el sector estatal para cubrir a todos los trabajadores y la incapacidad productiva de ese sector para lograr la solvencia del país y eliminar su peligrosa dependencia de la ayuda externa. Al permitir el desarrollo parcial de un sector privado, el gobierno ha mandado el mensaje implícito de que no puede seguir manteniendo la ficción del pleno empleo que sirvió de propaganda por tantos años bajo la administración de Fidel Castro. El nuevo mensaje parece decirles a muchos trabajadores que son considerados redundantes que ya el gobierno no puede estar a cargo de su empleo (o de su pobreza), que no puede garantizarles un ingreso mínimo y que los mismos deben crear sus propios medios de subsistencia.

En otras palabras, no hay razones para esperar que el programa raulista de reformas tenga como objetivo un cambio radical de la economía política del país. El título del programa como una “actualización del modelo económico” así lo sugiere, a pesar de que dicho programa incluya un reconocimiento explícito de la importancia de la actividad privada en la esfera productiva del país. Esto se demuestra por las innumerables restricciones que se mantienen en la apertura de la pequeña empresa privada, y por la exclusión expresa de los inversionistas cubanos de participar en la ley que abre el país a la inversión directa extranjera.

Esta nueva restricción impide el desarrollo de la propiedad privada más allá de lo que el gobierno cubano considera aceptable para no perder el poder político que emana de la posesión y/o control de casi toda la economía del país. El hecho de que la propia ley de inversión extranjera estipula que las empresas correspondientes sólo emplearán trabajadores por medio de agencias estatales de empleo confirma la vocación intervencionista del gobierno de Raúl Castro, aún corriendo el riesgo de que dicha condición limite severamente el impacto de esa ley sobre la economía. Este elemento de la ley confirma la noción de que en Cuba el socialismo (o comunismo) realmente no eliminó la explotación del hombre por el hombre sino que simplemente cambió a los explotadores.

En estas condiciones es lógico pensar que, dadas las avanzadas edades de los gobernantes, sus descendientes y otras personas allegadas deben estar preocupados por su futuro y presionando por una sucesión que garantice una transición de acuerdo con sus intereses privados, no con los de los ciudadanos, ni siquiera con los de una doctrina socialista coherente. Esto refleja las condiciones relativamente primitivas en que operan la sociedad y la economía política cubanas. En este marco, un levantamiento unilateral, no condicionado a cambios sustanciales en Cuba, sólo habrá de contribuir a la permanencia del modelo actual de economía política sin que los cubanos actuando como los verdaderos principales puedan expresar sus preferencias al respecto.

Referencias

–Betancourt, Roger B. (2015). “A Novel Perspective on Cuba’s “Reforms” en Cuban Affairs, Quarterly Electronic Journal, Institute for Cuban and Cuban-American Studies, University of Miami, Miami, Florida.

–Debreu, Gerard (1959). Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, New Haven, Connecticut: Cowles Foundation, Yale University Press.

–Drazen, Alan (2000). Political Economy in Macroeconomics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

–Georgescu-Roegen, Nicholas (1967). Analytical Economics: Issues and Problems, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

–Kahneman, Daniel (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Random House Mondadori, S.A.

–LeoGrande, William M. y Kornbluh, Peter (2014). Back Channel to Cuba. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

–Mesa-Lago, Carmelo (1971). “Economic Policies and Growth” en Mesa-Lago, C., Ed. Revolutionary Change in Cuba. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

–Sanguinetty, Jorge A. (2013). “Cuba’s Economic Policies: Growth, Development or Subsistence? En Cuba in Transition, Vol. 23, Association for the Study of the Cuban Economy, Washington, D.C.

–Sanguinetty, Jorge A. (1999). “La Industria” en Córdova, Efrén, Ed. 40 años de revolución. Miami, Florida: Ediciones Universal.

–Sen, Amartya (1982). Choice, Welfare and Measurement, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

–Tversky, Amos y Kahneman, Daniel (1974). “El juicio bajo incertidumbre: heurísticas y sesgos”, apéndice A en Kahneman, D., Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Random House Mondadori, S.A., 2012. Este artículo fue originalmente publicado en la revista Science, Vol. 185, 1974.

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Jorge A. Sanguinetty nació en La Habana en 1937. Antes de emigrar a Estados Unidos con su familia en 1967, trabajó como estadístico y economista en el Instituto Nacional de la Industria Turística, la Junta Central de Planificación y el Ministerio de la Industria Azucarera.

Se estableció en Nueva York donde trabajó primero con Merrill Lynch en el sector financiero de Wall Street, después en el National Bureau of Economic Research y más tarde en el Manufacturers’ Hanover Trust, mientras hacía su doctorado (Ph.D.) en economía en City University of New York.

En 1973 obtuvo una beca postdoctoral en la Universidad de Yale donde enseñó economía.

Posteriormente fue asociado de investigación en Brookings Institution en Washington, D.C. y después se trasladó a Rio de Janeiro como funcionario de Naciones Unidas para dirigir un proyecto de investigación sobre educación y desarrollo económico en diez países latinoamericanos y dio clases de economía de la educación en la Universidad Católica de Rio de Janeiro.

En 1978 desarrolla y dirige el Programa Latinoamericano en Economía Aplicada en American University en Washington, D.C. con apoyo inicial de la Organización de Estados Americanos.

En 1984 funda DevTech Systems, Inc., una firma consultora con sedes en Washington y Miami de la que fue presidente y que se dedica a dar asesoría técnica internacional en economía, análisis estadístico, género, evaluación de proyectos y educación.

En 1990 ayuda a fundar la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana de la que ha sido ponente regular y presidente. Funda conjuntamente con su esposa, colega y vicepresidente de DevTech Mercy Sanguinetty el Development Research Center, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación en las ciencias sociales.

Algunos trabajos suyos sobre Cuba se pueden ver en http://www.ascecuba.org. y http://www.cubaanalisis.com. Es autor del libro Cuba: Realidad y Destino, Presente y Futuro de la Economía y la Sociedad Cubanas.